La reciente medida del Gobierno que suprime el impuesto cedular del 15% sobre la ganancia obtenida en operaciones inmobiliarias introduce un cambio relevante en la estructura tributaria del sector. Alcanza a personas físicas que realizan ventas de manera ocasional y, en los hechos, implica un alivio significativo para quienes analizan desprenderse de un inmueble.

Hasta ahora, quienes vendían una propiedad adquirida a partir de 2018 debían tributar sobre la diferencia entre el valor de compra y el de venta. Ese esquema suponía, en muchos casos, un costo elevado que terminaba desincentivando operaciones, sobre todo en un mercado que aún intenta consolidar su recuperación.

La medida apunta principalmente a propietarios particulares. Es decir, personas físicas que no tienen como actividad habitual la compraventa de inmuebles.

En cambio, quienes operan de forma recurrente -como desarrolladores o inversores- seguirán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, con alícuotas que pueden llegar hasta el 35%.

Este punto resulta clave, ya que delimita el alcance del beneficio y evita que se convierta en una herramienta de planificación fiscal para actores con mayor volumen de operaciones.

Según explicó el arquitecto Oscar Puebla, director de Puebla Inmobiliaria, uno de los principales efectos de la medida es que los propietarios ya no tienen incentivos para ocultar operaciones.

“Si compré un inmueble en pesos ajustados al valor del dólar y hoy lo vendo nuevamente en dólares, la diferencia entre ambos valores nominales a lo largo del tiempo podía interpretarse como una ganancia extraordinaria, cuando en realidad no lo era”, dijo.

Puebla agregó: “Supongamos que adquirí una propiedad en 2019 por 100.000 dólares, pero cuyo equivalente en pesos era muy distinto al actual. Al venderla hoy, esa diferencia nominal podía obligarme a pagar el 15% del impuesto, algo claramente distorsivo. Ese esquema ya no corre. El Impuesto a la Transferencia de Inmuebles también fue eliminado, lo que representa un beneficio concreto para quienes no son habitualistas”.

Sobre la distinción, el especialista explicó que responde a la lógica del sistema: “Hay personas que efectivamente se dedican al negocio inmobiliario y realizan múltiples operaciones. Si alguien es considerado habitualista, deberá tributar Ganancias. Pero para el propietario común, no. Es una muy buena noticia porque elimina un obstáculo que muchas veces llevaba a no declarar las ventas”.

En ese sentido, Puebla sostuvo que el escenario más saludable es aquel en el que las operaciones se realizan en blanco. “Hoy, el dinero declarado no implica un costo adicional para el vendedor. Eso permite reinvertir en otra propiedad y generar un movimiento más dinámico dentro del mercado”, concluyó.