La Justicia porteña autorizó en las últimas horas tareas de apuntalamiento, demolición controlada y retiro de escombros en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, donde días atrás se produjo un derrumbe parcial que obligó a evacuar a los residentes y generó preocupación entre los vecinos de Parque Patricios.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía Nº31, a cargo de María Selvatici, que lleva adelante la investigación para determinar las causas del colapso estructural y establecer si existieron responsabilidades penales. El expediente se inició el 3 de marzo y desde entonces se dispusieron distintas medidas para preservar pruebas y evaluar el estado de la estructura.

Según informaron fuentes judiciales, la autorización para intervenir en el lugar busca garantizar la seguridad de los vecinos y permitir que avancen los trabajos técnicos sin comprometer la investigación en curso. Las tareas incluyen el apuntalamiento de sectores comprometidos, la demolición de partes inestables y la remoción de escombros.

En paralelo, se habilitó el ingreso coordinado de los residentes afectados para retirar pertenencias esenciales. El acceso al predio está restringido a una persona por vivienda, quien debe acreditar su residencia e ingresar acompañado por personal del Gobierno de la Ciudad, bomberos y equipos de emergencia. Además, los profesionales responsables del plan de trabajo deben otorgar su conformidad escrita para cada intervención dentro del complejo.

Mientras continúan las pericias técnicas, especialistas del sector de la construcción y del ámbito jurídico comienzan a analizar las posibles causas del colapso y las implicancias legales del caso.

La mirada técnica

El arquitecto y desarrollador Horacio Ludigliani señaló que, en este tipo de emprendimientos de vivienda pública, es habitual que los proyectos se ejecuten con criterios de optimización de recursos.

“Se trata de viviendas vinculadas al plan PROCREAR. En este tipo de proyectos, que se adjudican mediante licitación pública, se busca maximizar el uso de los recursos disponibles. Sin embargo, en ocasiones las cargas reales que recibe el edificio una vez habitado pueden superar las previstas en el cálculo estructural, por ejemplo por el agregado de maceteros, tierra u otros elementos que no estaban contemplados originalmente”, explicó.

Ludigliani agregó que, en condiciones normales, las estructuras de hormigón armado suelen presentar señales previas antes de un colapso.

“El hormigón armado es un material muy noble que generalmente da aviso previo cuando algo no funciona bien. En este caso, por lo que se conoce hasta ahora, el colapso habría sido rápido. También hay que tener en cuenta que en los estacionamientos se procura reducir al mínimo la cantidad de columnas para facilitar la circulación de vehículos, lo que exige un cálculo estructural muy preciso”, señaló.

El especialista remarcó que, más allá de las hipótesis iniciales, será necesario revisar en detalle la transferencia de cargas de toda la estructura.

“Ahora lo que corresponde es analizar nuevamente el sistema completo de cargas del edificio y, a partir de ese diagnóstico, definir las obras de refuerzo que resulten necesarias. La empresa constructora involucrada es una de las más importantes del país y, según trascendió, ya se encuentra trabajando para aportar soluciones”, concluyó.

Las posibles responsabilidades legales

Desde el punto de vista jurídico, el abogado Gustavo Zandonadi explicó que un hecho de estas características puede generar consecuencias tanto en el ámbito penal como en el civil.

“Un derrumbe como el ocurrido en Parque Patricios es, jurídicamente, un hecho generador de responsabilidades. Si la investigación determina que el colapso se produjo por negligencia, impericia, imprudencia o por incumplimiento de las normas técnicas que regulan la construcción, la Justicia podría analizar la figura de estrago culposo”, sostuvo.

El delito está previsto en el artículo 189 del Código Penal y contempla los casos en los que un desastre se produce por no haber tomado las precauciones necesarias o por apartarse de los protocolos técnicos establecidos.

“La pena prevista es de un mes a un año de prisión, aunque podría elevarse hasta cinco años si el hecho hubiera provocado la muerte de alguna persona. En este caso, afortunadamente, no hubo víctimas fatales, por lo que las figuras de homicidio o lesiones culposas quedan fuera del foco de la investigación”, explicó el letrado.

En paralelo, Zandonadi señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación establece la obligación de reparar integralmente los daños ocasionados.

“El Código define al daño como todo menoscabo a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico y distingue entre daño patrimonial y extrapatrimonial. El primero abarca el valor económico de los bienes afectados; el segundo incluye la afectación a la tranquilidad, la integridad física o los sentimientos de las personas”, detalló.

En ese marco, agregó que el principio rector es la reparación plena del perjuicio sufrido por las víctimas.

“Quien provoca un daño está obligado a repararlo de manera tal que la situación quede lo más cercana posible al estado previo al hecho. En un edificio intervienen múltiples actores —desarrolladores, constructores, profesionales, organismos de control— por lo que la investigación deberá determinar con precisión qué ocurrió y qué responsabilidades corresponden a cada uno, incluyendo eventualmente al Gobierno de la Ciudad”, indicó.

El abogado precisó que dentro de la reparación pueden incluirse diversos conceptos.

“Se deben considerar las viviendas afectadas, los bienes que no puedan recuperarse, los vehículos que se encontraban en las cocheras y también los daños extrapatrimoniales, como el impacto psicológico que puede requerir asistencia profesional. A eso se suman los gastos extraordinarios derivados de la emergencia: alojamiento temporario, traslados adicionales o mayores costos de vida mientras las familias no puedan regresar a sus hogares”, concluyó.

Mientras avanzan las pericias técnicas y judiciales, el foco inmediato sigue puesto en garantizar la seguridad del edificio y en asistir a los vecinos afectados, muchos de los cuales aún esperan definiciones sobre el estado estructural del complejo y el futuro de sus viviendas.